La Argentina federal tiene en sus manos la posibilidad de liderar un cambio en materia educativa. Solo hace falta la decisión política y el coraje de algún gobierno provincial que sirva de ejemplo.

En la Argentina, la educación es una atribución constitucional de las provincias. Una derivación de este principio federal, frecuentemente ignorada en el debate público, es que otorga a cada jurisdicción la posibilidad de avanzar hacia esquemas que brinden mayor libertad a las familias para elegir la educación de sus hijos.

Una situación similar se observa en los Estados Unidos, donde el gobierno federal cumple un rol acotado en materia educativa. La Décima Enmienda de la Constitución estadounidense establece: “Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.

Dado que la educación no figura entre los poderes delegados al gobierno federal, esta quedó en manos de los estados. Así, han surgido diversos mecanismos de libertad educativa: escuelas , sistemas de cuentas de ahorro para la educación y , todos administrados a nivel estatal o distrital.

En cambio, en Argentina, aunque las provincias cuentan con poder formal, las opciones para las familias son muy limitadas. Por supuesto, la autonomía provincial no es absoluta. Por ejemplo, las provincias deben garantizar como mínimo los contenidos curriculares comunes acordados a nivel nacional, los llamados Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, según lo establece la Ley de Educación Nacional. Sin embargo, fuera de estos núcleos, disponen de un amplio margen para adaptar sus currículas y ensayar esquemas organizativos diversos.

Ese margen abre una oportunidad concreta para que las provincias adopten esquemas de financiamiento alternativo, por ejemplo, mediante vouchers o cuentas de ahorro para la educación, que financien directamente a las familias en lugar de a los establecimientos educativos, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

Por supuesto, ello debe complementarse con la imprescindible autorización a las escuelas privadas para ofrecer sus propios planes de estudio y metodologías de enseñanza. De lo contrario, la libertad para las familias sería parcial, desde el momento en que no tendrían un menú real de opciones para elegir qué escuela es la más adecuada para las aptitudes e intereses de sus hijos, o bien sus valores familiares.

La pregunta es inevitable: si en Argentina las provincias tienen autonomía educativa, ¿por qué no avanzar hacia experiencias de libertad educativa? ¿Qué provincia será la primera en implementar un programa de para familias de bajos recursos, financiado con parte del presupuesto destinado a la educación pública?

La transformación del sistema educativo argentino no ocurrirá de un día para el otro. Pero puede comenzar desde abajo, desde las provincias que se atrevan a ensayar nuevos caminos, en virtud del federalismo educativo consagrado en nuestra Constitución.

La libertad educativa no es un eslogan: es una herramienta concreta para ofrecer oportunidades reales a quienes hoy más las necesitan. En un sistema donde la cuna es el principal predictor para el rendimiento académico de un niño, seguir haciendo lo mismo una y otra vez no parece ser el camino correcto.

La Argentina federal tiene en sus manos la posibilidad de liderar un cambio. Solo hace falta la decisión política y el coraje de un gobierno provincial —uno solo— para que la educación comience a transformarse desde un acto de autonomía y responsabilidad. Un cambio que puede abrir posibilidades impensadas para muchos de nuestros niños, a quienes hoy estamos defraudando.

Edgardo Zablotsky es Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la UCEMA